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La Junta de Govern Local del passat 24 de maig va acordar l’adhesió de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a la Declaració oficial sobre la situació en Myanmar.
Myanmar (Birmània) va partir un cop d’estat el passat mes de febrer de 2021, per part de la junta militar, que està ocasionant una situació traumàtica per a la població i la vulneració dels drets humans.
Davant d’aquesta situació, la Comissió d’Inclusió Social, Democràcia Participativa i Drets Humans (CISDPDH) de l’Organització internacional Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), com a líder dels governs locals compromesos amb la democràcia a tot el món, ha elaborat una Declaració sobre la situació a Myanmar amb l’objectiu de condemnar l’actuació del cop d’estat de la junta militar i exigir-los el respecte pels valors democràtics i els drets humans.
DECLARACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN EN MYANMAR
Abril de 2021
En representación de los gobiernos locales y regionales del mundo que, reunidos en el marco de la Comisión Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU, muestran su compromiso con la defensa y la protección de los derechos humanos, así como dando seguimiento al llamado reiterado de parte de CGLU para que el estado de derecho y los derechos humanos prevalezcan en Myanmar, representantes de las copresidencias de Gwangju, Grigny y Barcelona condenan enérgicamente las continuas violaciones de los derechos humanos y expresan su solidaridad con el pueblo y las personas representantes electas de Myanmar, haciendo frente a la represión, detenciones y asesinatos desde el golpe de estado del pasado 1 de febrero.
A pesar de hacer frente a graves limitaciones en materia de comunicación, organizaciones asociadas locales de nuestra membresía destacan como la población de Myanmar vive una situación traumática. La ciudadanía hace frente a constantes amenazas y al uso indiscriminado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y agentes del régimen. Esto está provocando grandes desplazamientos de personas y graves violaciones de los derechos humanos. Mostramos nuestra preocupación por la situación de los y las periodistas, defensoras de los derechos humanos y figuras públicas especialmente en peligro. Exigimos la liberación de las personas representantes electas detenidas por el régimen, así como el respeto de los derechos fundamentales de toda la ciudadanía, especialmente en lo que respecta a la libertad de opinión y de expresión.
También queremos llamar la atención sobre la situación de las zonas urbanas pobres, que están siendo objeto de represión selectiva. El pasado 14 de marzo, la junta militar impuso la ley marcial en seis municipios de Yangon, poniendo a más de 2 millones de personas bajo el control total del comandante militar local y provocando el desplazamiento de miles de residentes. Además, reiteramos la grave situación que atraviesa la infancia, que ya no está siendo protegida por las leyes internacionales, como muestra la denuncia de sucesivas detenciones. Diversos grupos étnicos también sufren violencia específica, en la forma de confiscación de tierras y represión.
Mientras los gobiernos nacionales de todo el mundo adoptan sanciones contra los autores del golpe de estado, nosotros, como líderes y lideresas de gobiernos locales profundamente comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la democracia en todo el mundo, queremos alzar la voz y condenar los atroces actos perpetrados por la junta militar de Myanmar. También queremos rendir un homenaje especial a las mujeres manifestantes que están desempeñando un papel activo en la lucha por la democracia en Myanmar.
Representando el liderazgo de la Comisión Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU, invitamos a los gobiernos locales y regionales de todo el mundo a sumarse a esta declaración.
Exigimos a la junta militar que respete los valores democráticos y los derechos humanos y que se tome medidas concretas para que se detenga el espiral de violencia y se restablezca la paz y la democracia. Recordamos una vez más a la comunidad internacional cómo los gobiernos locales y sus representantes democráticos deben ser protegidos como gobierno que da respuestas de primera línea a las necesidades de sus comunidades mediante la prestación de servicios públicos.
Para hacer realidad esta visión, invitamos a los gobiernos locales y regionales a que adopten sus propias declaraciones sobre la situación de Myanmar; a que apoyen aquellas iniciativas de solidaridad con el pueblo de Myanmar que ya existan tanto dentro de sus propios territorios, promovidas por la ciudadanía organizada, así como a través del trabajo de las ONG en Myanmar; y a que pregunten a sus propios gobiernos nacionales sobre las estrategias que se están aplicando a nivel internacional para restaurar el Estado de Derecho y el orden democrático en Myanmar.
